La economía se come a la política
Más bien habría que decir que la gran empresa se come al Estado.
A partir de una máxima comúnmente aceptada se construye una estrategia unilateral: «La colaboración público-privada es necesaria para acometer grandes inversiones». Traducida a las prácticas habituales, quiere decir que la parte privada propone en función de sus cálculos económicos y la parte pública asume los grandes costes de cualquier inversión de gran envergadura.
A partir de aquí, cualquier convergencia entre el interés social y el interés privado es mera casualidad. Y, sobre todo, tendrá para las arcas públicas un coste muy superior al que habría en caso de ser el Estado el actor principal en iniciativas de esta índole.
Una información con este encabezamiento representa muy bien la trayectoria que se está siguiendo: “La UE de la seguridad y la defensa se abre paso frente a las agendas verde y social”. Guerra de Ucrania mediante y con una campaña de propaganda gigantesca que abarca todo el espacio mediático, se impone el gasto en defensa y, por tanto, la financiación pública del negocio multiplicado de la industria militar.
Pero es que todo esto tiene ramificaciones en otros sectores, enteramente en dirección contraria al discurso geoestratégico de la UE. Por ejemplo, los medios cuentan que “Santander, Caixabank y BBVA invierten 1.000 millones en las empresas más contaminantes del mundo”, y esto se inscribe en una trayectoria que ilustra muy bien el maquiavelismo empresarial (aunque, todo hay que decirlo, el gran empresariado lo tiene muy fácil): “La estafa europea de los fondos ‘verdes’: invierten 81.000 millones en los 200 mayores emisores de CO2”.
En medio de este panorama, resulta difícil entender el alcance de una información como la siguiente: «El BEI está ayudando a consolidar España como el país de las renovables».
Hace falta financiación, para trazar una trayectoria limpia o para practicar el ‘greenwashing’, lo que remite a otra información dentro de este campo: “La UE analiza cómo hacer que los más ricos paguen 250.000 millones más en impuestos”. Si esto es así, parece evidente que los “ricos” tributan mucho menos de lo debido, y, sin duda, menos que los trabajadores asalariados y los autónomos.
Volvemos al punto de partida: los poderosos mandan y toman las decisiones que más les convienen, aunque la UE se vea obligada a disimular enunciando políticas progresivas de cuyo curso ulterior nunca se llega a tener información fidedigna.
Es decir, al margen de que gobierne la UE una alianza sin ultraderechistas, como la que acaba de imponerse con populares, liberales y socialdemócratas, el mando no está ahí ni depende de profundas convicciones políticas de quienes gobiernan: depende del ejercicio del poder que realizan los poderosos. Poderosos que, por lo demás, cada vez dependen menos de lo que se legisle o se dictamine a escala nacional o europea, puesto que ellos despliegan su riqueza en otros lugares, allí donde han creado paraísos fiscales o donde pueden amarrar sus megayates de 300 millones de euros. Esta es la realidad actual o, al menos, se le parece mucho. Siendo así, se entiende perfectamente que los ciudadanos desconfíen cada vez más de la política y no se crean que votando a unos o a otros se puede corregir esta situación.