Algodón e inmigración, un agujero negro europeo

La emigración africana  que provocamos para rechazarla  en las fronteras de Europa

Países africanos subsaharianos que cultivan algodón: Burkina Fasso, Mali, Chad, … Inmigrantes subsaharianos que llegan a España desde esos países: X miles cada año. ¿Cuál es la relación entre el algodón y un agujero negro europeo?

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Por motivos que no vienen al caso, con cierta frecuencia recorro espacios naturales próximos al Parque Natural de Doñana. Entre muchas sendas, veredas y pequeñas carreteras suelo desplazarme por un camino rural que va encadenando tramos de pre-Parque y lo que en la jerga local se denomina «muros», que son terraplenes separadores de campos de arroz, entre canales de suministro y canales de desagüe de la intrincada red hidráulica que sirve de soporte al cultivo de este cereal.

En particular, recorro un camino como el descrito entre Isla Mayor (Sevilla) y El Rocío (Huelva), siguiendo una línea que alterna rectas, curvas, recodos, asfaltos renovados, baches agresivos, y va bordeando zonas de cultivo que han ido ampliándose rápidamente en los últimos años. Sabemos desde siempre que todos estos cultivos nuevos se basan en una extracción masiva y generalmente ilegal de agua  (todo hay que decirlo, no es el caso del arroz, que tiene su propio sistema de regadío apoyado en el Guadalquivir), de manera que el saqueo de los acuíferos acabará por vaciar los humedales al tiempo que permite disponer del recurso incluso en año seco (otra vez no es lo mismo con el arroz: un año de sequía extrema no hay cultivo y un año de pluviometría insuficiente se siembra la mitad de la superficie habitual, por ejemplo). Esos cultivos que crecen sin parar son los de fresas, frambuesas, arándanos, etc., que se explotan muy mayoritariamente con mano de obra inmigrante, de temporada y no residente en el territorio español, a los que hay añadir las cada vez más extensas plantaciones de frutales de regadío (naranjos, olivos y otros).

En medio de ese mundo agrícola dominado por las frutas rojas y por esas plantaciones de frutales, arroz aparte, se repite de año en año un cultivo que tiene una presencia limitada: el del algodón. El proceso agrícola no tiene especial interés en sí mismo para lo que aquí nos trae y culmina en la comarca mediante un procesamiento ‘industrial’. A estos efectos, en el camino rural que une Isla Mayor y El Rocío, se encuentra una planta que trabaja un par de meses al año y se encarga del limpiado y del desmotado  (eliminación de materiales ajenos y separación de la fibra de las semillas).

Visto el panorama de conjunto, surge una pregunta prácticamente inevitable: ¿por qué existe esta actividad en una zona dominada por cultivos tan rentables como son los del arroz, la fresa, la frambuesa, etc.? En tiempos, los campos de algodón ocupaban superficies importantes, pero ya no es el caso, de manera que sin duda el peso específico de esta actividad en la economía local debe ser ya muy limitado.

Como en muchas otras actividades agrarias europeas la respuesta hay que buscarla en la UE: el cultivo del algodón está subvencionado bajo ciertas condiciones establecidas en los Reglamentos pertinentes de la Comisión Europea en el marco de la PAC (Política Agrícola Común), con referencia a la rotación anual de los cultivos, a las condiciones de plantación en regadío y en secano y a la cuantificación de la producción debidamente cosechada que será la base de cálculo de la cuantía a subvencionar. De modo que hay que urdir una explicación que tiene que ver con ayudas económicas, utilización de tierras marginales a efectos de los cultivos dominantes, facilidad de comunicación con la red general de carreteras para sacar la producción y disponibilidad de mano de obra acostumbrada a los trabajos ocasionales del campo, tanto autóctona como foránea.

Si para la economía local todo esto tiene unas implicaciones muy limitadas, no hace falta gran imaginación para calcular el impacto sobre la economía española: se acerca mucho a cero.

Pero hay quienes sufren en cambio un impacto negativo cuya dimensión solo puede ser medida a través de los efectos directos para una población que sobrevive con muy escasos recursos, como es el caso en los mencionados países africanos Burkina Fasso, Mali, Chad,…. Si en ese medio una actividad como el cultivo del algodón se ve comparativamente penalizada en el mercado por la competencia ‘desleal’ de un cultivo europeo subvencionado, es razonable pensar que quienes trabajan en ella, en cualquiera de esos países, se quedarán sin empleo en una proporción desconocida, generando una parte de ese flujo de X miles de emigrantes hacia el norte, hacia esa Europa que los empobrece.

Cuando se habla de las corrientes migratorias y de las actitudes que adoptan los Estados europeos ante ellas, la mera condena o la ocasional respuesta de acogida ocultan en definitiva sus indudables responsabilidades. De este tipo de procesos hay que hablar cuando se entra en las frecuentes valoraciones sobre la inmigración: los inmigrantes no son aventureros ni se desplazan por razones lúdicas, son las víctimas de un neo colonialismo que ahora funciona sin ejércitos de ocupación y ni siquiera necesita una presencia política directa. Basta con decidir que se subvenciona una producción en territorio europeo, que se sube o baja un arancel con terceros países, que se establecen en frontera controles ‘técnicos’ diseñados para manejar los flujos comerciales a voluntad, etc.

Acabo de pasar, en abril de 2019, por delante de la planta desmotadora situada en el camino descrito, cerca de la localidad de Villamanrique de la Condesa, y he visto que está activa: un galpón que cobija miles de balas de algodón desmotado y montañas de borra e impurezas en el patio al aire libre. En algunos momentos ha estado paralizada, pero ahora aparece repintada y reluciente: vuelve a alimentar una corriente migratoria de ex trabajadores africanos del algodón hacia Europa. Y vuelve a provocar las recurrentes discusiones sobre la entrada de inmigrantes, su rechazo o su acogida, sus consecuencias económicas y culturales, etc. De una vez por todas habría que tomarse en serio las causas y la responsabilidad europea directa en la escapada de los trabajadores agrícolas africanos que se juegan la vida cruzando el Mediterráneo.

Una democracia que se encoge

Recortada por abajo y por arriba, aunque las noticias insistan en el encogimiento del electorado y olviden que el techo es cada vez más bajo

Nos dicen los medios que hay «Colas en los consulados y problemas con las papeletas en los últimos días de los españoles en el extranjero para votar», y rematan la noticia con «La cifra de participación es inferior al 10%». Es decir, unos dos millones de españoles en el extranjero no toman parte en el proceso electoral por impedimentos de este sistema institucional disparatado que nos hemos otorgado.

Pero hay más: «Una mala planificación de Correos y la Semana Santa: las razones detrás del colapso para depositar el voto por correo». Lo que nadie nos dice, en este caso, es que tamaño despropósito se convierte en factor disuasorio y que por su existencia un número desconocido de electores dejan de serlo, porque se cansan o porque finalmente se sienten obligados a elaborar una disculpa abstencionista y dejan de insistir.

Todo este galimatías para unas elecciones generales castigadas por los fallos del sistema y por las cesiones de soberanía. Es claro que una parte del electorado se convierte en abstencionista a la fuerza, lo que es un síntoma inequívoco de restricción de la democracia representativa. Pero hay que añadir que quienes sí participan, por convicción profunda o porque han conseguido sortear todas las trampas del sistema, ignoran, enteramente o en gran medida, que sólo votan por una porción menguante de poder político, dado que una parte creciente va siendo transferida a ritmo sostenido a la Unión Europea.

Por ello sorprende y mucho que en la campaña de las elecciones generales se aprecie cada día y en cada intervención de los partidos y sus candidatos la total ausencia de la UE, la omisión de cualquier referencia a la cada día más evidente necesidad de tomar en consideración su peso creciente. Es que en nuestras vidas, las decisiones de una UE que está muy lejos del alcance de nuestro voto son determinantes. Y nuestro voto pinta poco aquí porque entre el Consejo Europeo y la Comisión Europea, con la complicidad necesaria del Banco Central Europeo (y del FMI, todo hay que decirlo), lo deciden prácticamente todo, mientras el Parlamento Europeo hace poco más que refrendar y expresar ocasionalmente su desazón ante tales decisiones.

Dicho en pocas palabras: el electorado está sometido a presiones de todo tipo que lo impelen a no participar en una proporción desconocida pero sin duda significativa, y los elegidos, sea en el Congreso español o en el Parlamento europeo, tienen la relevancia limitada que les dejan sus respectivos marcos institucionales: su protagonismo legislativo y fiscalizador es reducido y la tendencia no parece reversible o al menos no se frena por ahora. Si además los partidos y la propia ciudadanía escogen el silencio, el proceso de degradación democrática no hará sino acelerarse.

El poder político y los aparatos del Estado

Los peligros que entraña la autonomía de los aparatos permanentes del Estado

Multitud de casos recientes conducen a la necesidad de ser conscientes de tales peligros. Los manejos del ministro Fernández Díaz, los espionajes urdidos por los dirigentes populares de la Comunidad de Madrid, el caso Villarejo y su red policial,…, todo esto forma parte de un juego de alto riesgo, en el que la víctima principal es la ciudadanía que busca expresar desde la práctica democrática sus anhelos y sus necesidades.

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El estado no es un aparato unitario. No lo es por la división de poderes ni por la multiplicidad de ámbitos que abarca; pero sobre todo no lo es por la separación de hecho existente entre sus aparatos renovados de legislatura en legislatura y sus aparatos permanentes. Por ejemplo, estos últimos son los que se hacen cargo de la represión directa, que la representación democrática puede o no suscribir. Es difícil imaginar una justificación cotidiana de ciertas prácticas policiales violentas o del funcionamiento de las «cloacas» por parte del gobierno de turno, pero lo cierto es que se permiten y se encubren la autonomía de actuación y la discrecionalidad en el uso de la violencia y de las operaciones subterráneas. Es decir, es perfectamente posible la convivencia de una representación democrática y un aparato permanente que vulnera precisamente los derechos por ella representados.

Lo que llamamos poder político, objetivo de la lucha electoral, es el conjunto de instituciones situado en el ámbito de los aparatos cuya dirección y cuya gestión se renuevan periódicamente. Una legislatura es el tiempo de vigencia de ese poder, cuyos límites no rigen para los aparatos permanentes. En los términos habituales de la lucha por el poder político, esta cuestión no forma parte de los objetivos explícitos de la estrategia de cambio: nada se dice de la intención de fiscalizar la acción de los poderes permanentes para que no se extralimiten, quizás porque este asunto se pierde en el fragor de otras batallas, o quizás por razones de inoportunidad táctica. Esto puede condenar a quien se haga cargo de ese poder político a lidiar sin preparación previa y sin comunicación con la ciudadanía con unos poderes permanentes cuyo papel histórico ha sido frecuentemente el de freno de las transformaciones: la judicatura, la policía, el ejército, los servicios de información y otros aparatos permanentes están organizados y preparados para actuar respondiendo a propósitos de permanencia institucional y de continuidad política, que sin duda entrarán en colisión con algunas de las aspiraciones de cambio.

Puede hacerse extensiva esta apreciación al grueso del funcionariado de las administraciones públicas. La Ley de Amnistía de 1977 permitió recolocar a 32 mil funcionarios del aparato franquista, lo que se tradujo en la permanencia de una cultura de Estado no democrático y en la pervivencia de formas de gestión que siempre habían estado de espaldas a la población. De hecho, el 80% de las direcciones generales en el primer gobierno socialista estaba ocupado por altos cuerpos del Estado, procedentes de la época franquista, mientras que el 20% eran ocupadas por cuadros del partido. La continuidad del Estado franquista se produjo de una manera que podría calificarse de ‘espontánea’ , confirmando que la parte permanente del Estado seguía en su sitio con independencia de que se hubiera entrado en una nueva época democrática y de que se formara un gobierno salido de las urnas.

No es poca cosa la autonomía de los aparatos permanentes del Estado. Dados su origen y sus funciones, es necesario plantearse su transformación progresiva. En este proceso hay un componente que proviene de la debilidad del sistema democrático en España: la separación de poderes sigue siendo una semi-desconocida en nuestro sistema institucional, y hay que avanzar por este camino, con la ventaja de que ciertos sectores de la judicatura, por ejemplo, están ya poniendo en práctica una gestión independiente, como lo demuestra la ofensiva judicial contra la corrupción. Pero la verdad es que el componente más sólido y peligroso de esa autonomía se encuentra en la propia configuración del Estado, de la misma manera que por cierto ocurre en otros países: todos esos aparatos que no rinden cuentas ni están en general sujetos a normas que se lo impongan, y que, en realidad, tienden a ser opacos desde su nacimiento y en toda su trayectoria institucional.

Es indispensable avanzar hacia la obligatoriedad de dar cuentas de la propia gestión corriente, de manera que los aparatos permanentes respondan ante la representación democrática de la soberanía popular, en particular ante el Congreso. No existe otra forma de asegurar que el poder político se ejerce conforme a lo que los ciudadanos han elegido.

Pero hay una novedad que se ha consolidado del todo en este siglo XXI: se trata de la presencia del mayor aparato permanente que interviene en la política de cada uno de los Estados y del conjunto de la Unión Europea: el binomio Consejo Europeo-Comisión Europea. Como todos sabemos, porque las experiencias recientes son demoledoras, es el aparato de Estado de más difícil control, por no decir imposible, en las circunstancias actuales. De hecho, no responde a la voluntad popular de los europeos, tampoco a las orientaciones de los gobiernos de los Estados miembros, ni se detiene a la hora de imponer sus decisiones por encima de cualquier manifestación de soberanía popular. Ejemplo extremo de esto es el juego de despropósitos en las negociaciones del Brexit con el gobierno de Londres, donde ese binomio actúa por su cuenta y el interlocutor británico se encuentra al borde del colapso.

Y aquí está el quid de la cuestión: el modelo de Estado que tenemos en España ha de superar la propensión a cruzar las barreras de la separación de poderes y la acción de los poderes permanentes ha de supeditarse a las directrices de los poderes emanados de la voluntad popular; hasta ahí todo cabe en la lucha política dentro de los límites del Estado-nación. Pero, se consiga lo que se consiga internamente, terminamos por estrellarnos con la barrera del binomio Consejo Europeo-Comisión Europea, que por cierto cuenta a menudo con el refuerzo de otros dos pilares de la supra-nacionalidad y de la institucionalidad independiente de cualquier decisión democrática, que son el FMI y el Banco Central Europeo.

Quiere decir que, indefectiblemente, la lucha política tiene que plantearse en los Estados-nación unas metas que los trascienden. Esto puede formar parte del ideario y ser enunciado como componente de la estrategia del cambio en la contienda electoral, pero no tiene cabida entre los elementos que una opción política puede someter al refrendo de los ciudadanos hoy en día. Antes, necesariamente, habrá que explicar la importancia decisiva de someter a control los aparatos permanentes del Estado, empezando por los propios y siguiendo por los que se sitúan en la cúpula europea. Si esto no se explica es difícil que se entienda, y concretamente que se entienda hasta qué punto la acción autónoma de estos aparatos puede constituir una barrera infranqueable para la consecución de cualquier cambio que se propugne.

El discurso del cambio dirigido a la clase media

Todas las encuestas electorales y los análisis politológicos  identifican a un electorado que sostiene a la derecha tradicional corrupta e incluso se radicaliza ante los nuevos retos sociales, facilitando el bloqueo de cualquier transformación progresiva

A ese electorado tiene que dirigirse un discurso de renovación cultural si no queremos vernos abocados a esperar un relevo generacional que todavía nos llevará otros diez años. Pero es que tal discurso tampoco puede olvidar ciertas peculiaridades observables en la composición de la ciudadanía, que exigen unas líneas argumentales específicas. Por lo pronto, entiendo que hay al menos tres grupos sociales directamente identificables, que sin duda se solapan en alguna medida y que pueden ser denominados por su principal seña de identidad: las ‘clases medias’, los ‘mayores’ y la población de ‘rentas bajas’.

No es difícil precisar los fundamentos principales de la auto-identificación como clase media de una parte importante de la población de este país. En ella intervienen una valoración de su propio estatus y una apreciación de sus expectativas: en ese estatus, la clase media reconoce ciertos privilegios sociales que teóricamente la sitúan por encima de otros segmentos de la población, y de las expectativas forma parte la certeza de que actuando de cierta manera podrán conservar sus privilegios. El resultado es un conservadurismo vivido cotidianamente y cultivado por una educación social en la que los medios de comunicación juegan un papel determinante. Estamos hablando, evidentemente, de unos medios que forman parte de ese descomunal entramado de dominación ideológica y política manejado desde el «Ibex 35″(o desde el ‘cuartel general de la oligarquía’: es sin duda el gran poder que maneja los hilos en el siglo XXI, y parece imprescindible añadir el término ‘mundial’, para situarnos con mayor exactitud).

Los privilegios de la clase media van menguando y las expectativas de recuperarlos son cada vez más inciertas. Renovar la cultura quiere decir precisamente esto, más allá de una coyuntura que ya es sombría y que, pese a todo, puede mostrar puntualmente algún fulgor: que esa clase media tiene que recibir un mensaje nítido en este sentido, contrariando su valoración de la «estabilidad/gobernabilidad» y su sensación, cultivada en tiempos recientes desde la mayoría de los medios de comunicación, de que la «recuperación económica» está en marcha. Los medios de comunicación dominantes se están encargando de difundir y repetir machaconamente estas ideas, ocultando por una parte que estamos lejos de una pretendida normalidad anterior a la crisis y, por otra parte, haciendo un discurso que puede sintetizarse en algunas ideas-fuerza, como por ejemplo: la gobernabilidad como valor en sí mismo, con independencia de quién y para qué gobierna, asociándola a estabilidad, es decir, si nada se mueve los privilegios de la clase media destinataria del mensaje permanecerán intocados; y reforzando esto con una forma tramposa de instalar la idea de que la economía está en marcha, que es la de la «recuperación» como asociación acrítica con la trayectoria del PIB, relato que se ha estado reiterando pese a todas las indicaciones en sentido contrario.

Los ‘mayores’, que forman un grupo reconocible dentro de las clases medias pero son más que nada un segmento transversal, que corta horizontalmente a todos los sectores de población, muestran por su parte comportamientos bastante uniformes. Por ejemplo, cuando las encuestas entran en el detalle de los segmentos de edad y, sobre todo, cuando los fundamentos se recogen en las encuestas del CIS y de las instituciones de investigación del comportamiento electoral en Cataluña y el País Vasco,  las evidencias resultan incuestionables: a medida que se asciende en la pirámide de edades las actitudes se vuelven rápidamente más conservadoras. Es muy directa la conclusión: regularmente los segmentos ‘mayores’ constituyen uno de los principales soportes del conservadurismo político.

Conviene, sin embargo, tomar nota de las recientes y masivas movilizaciones de ‘mayores’ en defensa de las pensiones. Debería pensarse que esto representa la apertura de una brecha significativa en las posturas uniformemente conservadoras de los ‘mayores’, lo que a efectos de la difusión y el fortalecimiento de una cultura del cambio tiene una importancia que puede ser crucial.

Y el segmento de población que seguramente representa lo más específico de las debilidades del sistema democrático es el de las ‘rentas bajas’; específico e inquietante, porque de manera bastante mecanicista se le atribuye a este segmento una inclinación ‘izquierdista’ o al menos una propensión manifiesta a apoyar proyectos de cambio, lo que es menos obvio de lo que se teoriza de costumbre. Algunas evidencias se hacen más y más visibles con las sucesivas elecciones y las numerosas encuestas: se trata del segmento de población con una mayor propensión a la abstención electoral: es la vía para mostrar que no espera nada de esta organización de la sociedad, lo que facilita su adscripción de hecho al inmovilismo.

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La economía lleva tiempo mostrando debilidades, aunque las instituciones oficiales y los medios de comunicación se resistan a reconocerlo plenamente. En una época de precios del petróleo muy contenidos y con unos tipos de interés cercanos a cero, lo que para España supone una bienvenida relajación de las cuentas exteriores, ha sido posible sostener una ‘primavera’ de curso breve, la llamada «recuperación», que será probablemente seguida de un invierno prolongado y con recortes todavía mayores del bienestar material y social. Es decir, hay que temer un declive económico más duradero que la presunta «recuperación», y de esto es de lo que hay que hablar: sin gasto no hay crecimiento, y si la contracción se acompaña de medidas que facilitan la caída de los salarios y mantienen la tasa de desempleo o, al menos, la extrema precariedad que estamos sufriendo, la consecuencia inevitable es que el consumo se derrumba y en lugar de crecer la economía lo que crece es la pobreza.

Esta situación y esta perspectiva tienen que ser explicadas cada día a la clase media, que es la que se fía del discurso oficial y cree en la «recuperación de la economía» porque es lo que necesita creer. Difundir este conocimiento es determinante para hacer comprender a la clase media que su confianza en la estabilidad socioeconómica solo la conduce a aceptar sin resistencia el empobrecimiento que ya está sufriendo.

Con este panorama resulta en principio sorprendente pero más que nada inquietante la reproducción de este discurso de éxito, abierto o solapado, en diversos medios, que se hacen eco de los mensajes emitidos desde la derecha prácticamente sin filtrarlos. Si la izquierda política y los medios progresistas contribuyen a reforzar el discurso de la superación de la crisis y de la relación directa entre ésta y la estabilidad política, es imposible que la clase media descubra su verdadera situación y continuará apostando por una gobernabilidad sin cambios. En estas condiciones, el voto masivo a la derecha puede aparecer en cualquier momento.

Todo intento de acumular fuerzas para la transformación social tiene que desarrollar el discurso específico dirigido a la clase media, pero combinando el propósito de la acción política a corto plazo con la proyección estratégica; dicho de otra manera: manteniendo la formulación estratégica pero enfatizando la necesidad de actuar en seguida, sobre la base de una explicación sólida de que las condiciones económicas para la clase media seguirán empeorando y solo se podrá contrarrestar esta tendencia si se suman fuerzas para ir poniendo en pié otro modelo económico.

Y este discurso interesa igualmente a los ‘mayores’ y a los segmentos sociales de ‘rentas bajas’. No hay alternativa para ellos dentro de este sistema que evoluciona de manera por ahora imparable hacia la extrema concentración de la riqueza. La transformación del modelo económico los tiene que considerar como seguras víctimas y necesarios aspirantes al cambio, pero la estrategia que los incorpore deberá apoyarse en una profunda renovación ideológica y en una explicación día a día de las ventajas de cambiar de rumbo.

Súbditos, clientes, ciudadanos o viceversa

Riesgo cierto de que la confrontación política se lleve a cabo en un mercado

Joan Coscubiela es un columnista al que leo con sumo interés. En eldiario.es escribe un texto titulado «Cazatalentos políticos», fechado el 4 de febrero de 2019, del que extraigo las frases siguientes:

«De todo, lo que me parece más trascendente es el papel jugado por los medios de comunicación y las redes sociales en esa función de seleccionar talentos para la política, porque hace evidente algunas de las características del momento en que vivimos.

Entre otras, la mutación de una sociedad de ciudadanos a una de clientes, en la que todo parece ser objeto de libre comercio, ….»

Estas líneas me devuelven a un dilema relacionado con una cuestión trascendental: los medios se erigen en plataforma de lanzamiento de talentos políticos, proceso en el que está implícita la mutación de la sociedad de ciudadanos a la de clientes. Una vez formulado el asunto en estos términos, se dejan ver dos caras especialmente inquietantes: una es la que remite a la ausencia de vías alternativas en la gestación de líderes políticos, o al menos su escasa relevancia (en https://lacalmatraslatormenta.wordpress.com/2019/01/20/la-politica-y-los-politicos/ abordé esta cuestión de forma somera); la otra remite a la verdadera condición de quienes constituyen la sociedad a la que esos líderes tienen que representar en democracia.

Esta otra cara de la vida política española resulta interesante por lo que describe y, también, por lo que anticipa.

Retrocedo en el tiempo y apelo a mis recuerdos de recién llegado a Madrid. En las relaciones con las personas que me iba encontrando comencé a percibir de inmediato que había una apreciable diferencia de cultura política. Para mí, educado en una sociedad democrática, la mayoría de esas personas me sugerían una apelación inmediata: eran seguidores sumisos del poder establecido, eran súbditos, y ello se ponía brutalmente de manifiesto en las convocatorias del régimen franquista a la Plaza de Oriente. Los ciudadanos eran entonces, en la época final del franquismo con Franco, bastante excepcionales y poblaban el espacio de los críticos con el régimen. Más tarde, la «reforma democrática» entreabrió la puerta (según mi experiencia de entonces, la puerta no llegó a abrirse del todo) y posibilitó a un número creciente de súbditos su conversión en ciudadanos. Entre «abrir» y «entreabrir» se dejó sitio para la subsistencia de un territorio bloqueado, donde se refugiaron los súbditos, esas personas que durante años eran identificadas como «nostálgicos del régimen franquista». Y así, de año en año, entre la deserción de un número no despreciable de ciudadanos y la pervivencia de los súbditos se gestó lo que ha terminado siendo la clientela de la política, esos segmentos sociales muy vulnerables a la venta dirigida desde los medios de comunicación y desde los poderes económicos que son en gran medida sus propietarios.

Ahora ya desde el punto de vista del «mercado político», como lo denomina el autor citado, hay que situarse en los dos términos de la ecuación: la ‘demanda’ está compuesta cada vez más por clientes, entre los cuales hay muy poco hueco para los ciudadanos conscientes y sí un terreno virgen para la multiplicación de los ‘cuñaos’, categoría esta que sintetiza muy bien la fácil coexistencia en muchas personas de la complacencia y el exabrupto; la oferta, por su parte, proviene en gran medida de esos medios de comunicación convertidos en fabricantes de líderes políticos. Este juego oferta-demanda tiene todos los visos de ir ganando terreno y afianzando un modelo de representación política que no requiere la presencia de ciudadanos formados ni la actuación políticamente racional de sus potenciales representantes.

Las pre-campañas electorales en curso, y seguramente las campañas que seguirán, son y serán un ejemplo vivo de la operativa de un mercado electoral. La demanda es por ahora desconocida, pero esto no parece importar: las encuestas pretenden suplantarla y, a juzgar por el juego mediático, lo consiguen.  De hecho, es indudable que por ahora todo el mundo cree – o aparenta creer – que la demanda es conocida, y entonces parece como si se abriera paso la tentación de pensar que las urnas electorales no serían necesarias a efectos de fundamentar opciones de gobierno.  Desde luego, en la oferta que se presenta en este mercado puede uno ver manifestaciones evidentes de que tal creencia se abre paso: la propuesta de alianzas partidarias pre-electorales, que olvidan por completo la aritmética de las urnas. En el lado de la oferta se multiplican las presencias declarativas y las expresiones extemporáneas que refuerzan la impresión de que la coherencia escasea y de que todas las apuestas obvian por completo las aspiraciones procedentes del lado de la demanda.

En este juego, lo más inquietante es que se deja ver una propensión aterradora, que es la de prescindir por completo de la gente. Si son súbditos, no hace falta contar con ellos; si son clientes, basta con un par de spots publicitarios. Y esto acontece ante la perplejidad creciente de los ciudadanos.