Defensa del ‘Régimen del 78’ frente a análisis crítico que conduce a revisar la institucionalidad surgida de aquello y el cuerpo jurídico que la ampara
Cada día resulta más difícil atribuir a malas prácticas políticas el retroceso democrático que vive España. Para mí, sobreviviente de las batallas reforma-ruptura de aquellos años, no cabe duda de que el sistema está viciado de origen. Insisto en algo dicho hace ya tiempo: el Estado nacido con el ‘Régimen del 78’ es el franquista existente a la muerte del dictador con algunos remiendos para legitimarlo ante Europa.
Demasiados son los componentes heredados de esa época de régimen autoritario como para adjudicarle sin más la condición de Estado democrático. Desde los aparatos permanentes de la judicatura, el ejército, la policía, el funcionariado y demás, hasta una Audiencia Nacional que recuerda al Tribunal de Orden Público porque mantiene su condición de jurisdicción de excepción. Y cuando se mencionan hoy mil ejemplos de la ausencia de separación de poderes, con un Tribunal Constitucional convertido en última instancia judicial, una judicatura sometida de forma directa a las decisiones del Ejecutivo y un Legislativo inoperante por imposición del mismo Ejecutivo, no se está hablando de malas prácticas sobrevenidas sino de utilización anti-democrática de instituciones que tienen incorporada a su ADN una panoplia de herramientas y permisividades que las hacen posibles. Sin ir más lejos, el Senado es un aparato concebido de origen para empantanar la actividad legislativa.
Si nos ceñimos a un enfoque de este tipo, cabe entender que una defensa numantina de la condición democrática del Estado español no sirve sino para retrasar lo inevitable, que es su reforma, cada vez más próxima – ¡otra vez! – a las necesidades de una ruptura democrática. Y, sin embargo, esa defensa numantina aparece y reaparece constantemente en los últimos meses, como si se quisiera evitar el riesgo de una involución a través de la reafirmación de las excelencias de lo que hoy tenemos. Este ‘estado democrático fuerte’, según esos análisis, necesitaría solo algunos retoques y, sobre todo, una gestión respetuosa con las reglas democráticas por parte de quien detenta el poder en cada momento.
Esto es lo que se puede colegir de algunos párrafos como los siguientes, entresacados de la prensa online en estos días:
Elisa Beni, en eldiario.es, el 3 de diciembre de 2017
«No me llenen ahora de comentarios sobre la inexistencia del Estado de Derecho, los presos políticos o la falta de Justicia. Los totum revolutum son intelectualmente deleznables y fácticamente inútiles. Si tiene algún sentido denunciar cómo suceden las cosas es porque aún es posible revertir el deterioro de las instituciones. Al menos yo lo hago en la confianza de que los que pueden, lo hagan.»
Soledad Gallego-Díaz, en elpais.com, el 3 de diciembre de 2017
«Han pasado 42 años desde que murió el dictador Francisco Franco y 40 desde que se celebraron las primeras elecciones democráticas y no tiene sentido buscar exponentes del franquismo en la vida política del país. España es una democracia consolidada, bastante parecida, en virtudes y en defectos, a las democracias fundadoras de la UE. No hay huella del franquismo en la leyes ni en las instituciones españolas, por mucho que algunos aseguren lo contrario.»
Loable empeño, pero casi hace pensar en un contubernio ‘democratista’. Y si no, que se explique cómo es posible encontrar noticias como las dos que siguen, en la prensa online del 10 de diciembre de 2017:
«Las Cortes se instalan en la sequía legislativa: 2017 será el cuarto año con menos leyes aprobadas desde 1978». «El Congreso sólo ha dado luz verde a nueve leyes en todo 2017. Una cifra que en 40 años sólo empeora el atípico 2016, con el Gobierno diez meses en funciones, además de 2004 y 2008, cuando las Cortes estuvieron disueltas tres meses por la convocatoria de elecciones.»
¿Cómo hay que entender esto? A mi parecer es muy sencillo: el Poder Ejecutivo suplanta al Legislativo y prácticamente lo anula. La demostración es palmaria: el Ejecutivo puede gobernar sin hacer caso alguno del Legislativo. Pero este último es el que representa la soberanía popular, y la pregunta es inmediata: entonces ¿qué valor democrático tiene nuestro voto?
«El Gobierno de Carmena, atrapado entre la deuda milmillonaria de la era Gallardón y el rigor contable de Montoro». «El Gobierno de Ahora Madrid heredó la capital más endeudada de Europa y tras enjugar 2.000 millones de deuda se ve atenazado por la regla de gasto. Hacienda recurrió al juzgado para parar cientos de obras y su intervención de las cuentas municipales condiciona la recta final del mandato de Carmena».
¿Cómo se puede interpretar esto? Otra vez es sencillo: no se trata de controlar el gasto sino de suprimir la autonomía de una administración local, cuya actividad se pretende anular por no coincidir con los designios del partido que ocupa el poder del Estado.
¿Ejemplos de gestión anti-democrática? Sí, pero no como resultados del «deterioro de las instituciones», que siguen siendo las mismas, sino porque esas instituciones fueron instauradas con esas deficiencias democráticas, que estaban en su ADN. No está de más añadir que la deriva antidemocrática fue notablemente reforzada por la reforma de la constitución con el famoso artículo 135. Es decir, esta institucionalidad ‘malnacida’, en vez de ser sometida a una construcción o reconstrucción democrática, es ratificada y reforzada en su ‘malformación’ por una reforma constitucional retrógrada, que destroza la mayor parte de las posibilidades de constituir – o reconstituir – un estado de bienestar.
La calma tras la tormenta 